MATANZA EN "EL BOSQUE"

Junio de 1998, el entonces gobierno federal, y debido al conflicto por el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, llevó a cabo una guerra de baja intensidad con la finalidad de restar bases al movimiento y atemorizar a la población que se pusiera del lado de los insurgentes.

Tales acciones desembocaron en la matanza del municipio El Bosque, con un saldo de 8 civiles y 1 policía muertos, 53 detenidos (2 menores de edad), robo con violencia y tortura.

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CONTEXTO

El ataque al municipio zapatista San Juan de la Libertad, estuvo precedido por los ataques promovidos por Roberto Albores Guillén, entonces gobernador interino, a las comunidades de Taniperla, municipio rebelde Ricardo Flores Magóna; Nicolás Ruiz, declarado en rebeldía aunque no eran zapatistas; Amparo Agua Tinta, municipio zapatista Tierra y Libertad.

Albores Guillén fue el instrumento de las autoridades federales para implementar una fase de la Guerra de Baja Intensidad, dirigida a golpear los municipios autónomos zapatistas y la militancia en dicha organización; también fue juez y parte de las investigaciones de violaciones a derechos humanos en el caso de la masacre de El Bosque. A pesar de existir pruebas de posible abuso de autoridad en contra del entonces gobernador interino Roberto Albores, hoy goza de total impunidad, actualmente es un activo político que hasta se propuso como candidato por el PRI para ser gobernador del estado.

El caso de El Bosque, es una muestra de la impunidad que prevalece en Chiapas de cara a los eventos en el contexto de una Guerra de Baja Intensidad de un conflicto armado no resuelto, muestra de ello son los más de 70 campamentos militares existentes en territorio indígena. La masacre del 10 de junio en El Bosque, es muestra de la brutalidad de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos, brutalidad que se repite, ayer en El Bosque, hoy en Atenco. La impunidad de la que gozan las autoridades responsables de los hechos, no sólo atenta contra la dignidad ciudadana, sino que es muestra de que la clase política goza de un fuero "extra institucional".
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LOS HECHOS

CAMPESINOS ASESINADOS EL BOSQUE

Durante el combate del gobierno federal contra las bases del ejercito zapatista implementó medidas de

El día 10 de junio se efectuó un operativo conjunto del Ejército Nacional Mexicano (ENM), policía de Seguridad Pública (PSP), policía Judicial del Estado (PJE) y policía Judicial Federal (PJF); con la presencia de varios agentes del ministerio público, tres notarios y agentes del Centro de Información y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El operativo según el notario Edgardo ROBLES SASSO tenía el objeto de "reinstalar en sus funciones al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del lugar" y según el notario Fernando REYES CORTES "cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de un grupo de delincuentes organizados. Que habían emboscado a un grupo de indígenas no simpatizantes de los activistas. Habiendo herido a cuatro y matado a uno".

El operativo se hizo simultáneamente en cuatro comunidades indígenas tzotziles de dicho municipio. En la comunidad de Alvaro Obregón elementos del ENM intentaron ingresar a la comunidad pero un grupo de mujeres bloqueó el acceso, y después de algunas horas de diálogo el ENM se retiró del lugar.

En la comunidad de Chavajebal un convoy de 75 vehículos, inclusive tanquetas artilladas Hummer, intentó ingresar en la comunidad, pero un grupo de mujeres bloqueó el acceso. Elementos de la PSP lanzaron al grupo de mujeres gases lacrimógenos e hicieron disparos al aire. Las mujeres huyeron y se refugiaron en las montañas aledañas. La policía continuó los disparos y algunos hombres de la comunidad respondieron la agresión con armas de fuego. El ENM hizo uso de sus vehículos artillados y de al menos un helicóptero. En el tiroteo resultaron muertos tres civiles y un policía. Asimismo resultaron 2 policías y un sargento del ENM heridos. Los campesinos muertos son: Cristóbal SÁNCHEZ SÁNCHEZ (49), Maximino GÓMEZ SÁNCHEZ (22) y Antonio GÓMEZ GÓMEZ (50). El policía muerto es Rubén LÓPEZ MAGNATE. Los policías heridos son Juan MANUEL CRUZ (herido en la pierna derecha) Ramiro LÓPEZ DOMÍNGUEZ (pierna izquierda) y el sargento Antonio CASTA LÓPEZ (pierna derecha).

Los tres civiles muertos en el poblado de Chavajebal presentan una gran cantidad de impactos por arma de fuego, dos de ellos (cadáveres 7 y 8) presentan tiros por la espalda como consta en las necropcias realizadas a los cuerpos y el tercero, (número 9) presenta un disparo en la frente, además de otros 7 impactos de bala distribuidos por todo el cuerpo.

En la comunidad de Unión Progreso otro contingente con elementos de la PSP, PJE y ENM ingresó a pie. En las inmediaciones de la comunidad fueron encontrados seis jóvenes campesinos, presuntamente miembros de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a quienes se les disparó por la espalda mientras huían. El joven Sebastián GÓMEZ GÓMEZ (17) fue herido en un brazo mientras que Andrés GÓMEZ GÓMEZ (29), Antonio GÓMEZ GÓMEZ (20) Adolfo GÓMEZ DÍAZ (20), Bartlo LÓPEZ MÉNDEZ (24) y Lorenzo LÓPEZ MÉNDEZ (18) resultaron muertos. Las mujeres de la comunidad salieron huyendo y los hombres fueron detenidos. A los hombres se les concentró en la cancha de Basquetbol, se les hizo acostarse en el suelo y un campesino encapuchado, perteneciente a una comunidad vecina de Los Plátanos, identificó a varios de los hombres acostados en el suelo. Elementos de la Policía separaron a los identificados y los forzaron a ponerse paliacates cubriéndose el rostro y a tomar un arma de la propia policía para fotografiarlos.

Los cadáveres fueron trasladados en un camión de redilas hacia la capital del Estado.

La entrega de los cadáveres el 13 de junio a sus familiares en la comunidad de Unión Progreso causó gran indignación dado que la Procuraduría General de Justicia del Estado los entregó en pésimas condiciones de conservación, debido a la gran negligencia en su tratamiento, presentando exposición amplia de vísceras y larvas en casi todo el cuerpo. En el mejor de los casos se puede interpretar como negligencia. También puede suponerse que es deliberado a fin de manifestar a la población el desprecio que se les tiene.

Cabe señalar que se les practicaron dos necropsias, una de oficio y la segunda a petición de la CNDH. Existen controversias entre el comunicado de prensa No. 796/98 expedido por la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y las conclusiones que observó el Dr. José Ramón FERNANDEZ CACERES, director del Servicio Médico Forense del Distrito Federal, quien comentó que "el día 10 de junio del presente año los cadáveres se encontraban sin signos de putrefacción a excepción del cadáver número 6" y que dos días después (12 de junio) día en que se solicitó la renecropsia, éstos presentaban ya "un avanzado estado de putrefacción caracterizado por enfisemas y flíctenas pútridas, red venosa póstuma, mancha verde y presencia de una multitud de larvas postmortem". También establece que la acelerada putrefacción de los cadáveres se debió a las condiciones climáticas y de humedad existentes, además de un aumento de temperatura debido a que los cadáveres estuvieron por tiempo prolongado en féretros de madera. Sin embargo, en el susodicho comunicado de prensa, que emitió la PGJE se señala que "las necropsias fueron realizadas de acuerdo a las técnicas usualmente aceptadas por la medicina forense y que ocho cuerpos fueron depositados en la cámara de refrigeración del SEMEFO.

Por otra parte, en el operativo fueron detenidos 53 campesinos. Algunos de ellos se les detuvo en otros lugares que nada tenían que ver con los operativos, como en la carretera que conduce a Bochil, en la plaza municipal o en otros caminos.

Se cuenta con el testimonio de una víctima que fue detenido por elementos de la PSP en la carretera Bochil - Simojovel que fue llevado a la plaza de El Bosque, ahí fue golpeado junto con otros detenidos. A las seis de la mañana fue llevado a la comunidad de Los Plátanos, pasando por el entronque de Puerto Caté, para que "los policías recibieran instrucciones". En la comunidad de Los Plátanos fue tratado "muy bien por la policía" le dieron de desayunar y a los detenidos los separaron en pequeños grupos. El encargado de la policía que los custodiaba los amenazaba de rato en rato, con el rifle en la mano, diciendo que "si alguno de ellos caía, matarían a uno de los detenidos". Siendo las 11:00 hrs. fueron subidos a vehículos de la Policía y trasladados a la comunidad de Chavajeval. Ahí el testigo se confundió entre la gente y pudo escabullirse, no así los otros detenidos quienes fueron entregados a elementos del ENM y trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron acusados de homicidio calificado, asociación delictuosa, entre otros.

Los 56 detenidos - dos de ellos menores de edad - señalan que fueron maltratados por la policía y muestran señales de tortura.
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