REPRESIÓN CONTRA TARAHUMARAS EN CHIHUAHUA

El 22 de mayo de 1997 en Chihuahua, Chihuahua, durante la gestión de Francisco Barrio Terrazas, el gobierno estatal ordenó un violento desalojo contra un grupo de manifestantes rarámuris (tarahumaras) y tepehuanes.

Estos buscaban la ayuda del gobernador para que se les hiciera justicia, ya que habían sido despojados de herramientas de trabajo y sueldos en su ejido, en su lugar encontraron represión.

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Para ilustrar mejor los hechos les presento un video, que es un extracto del documental La Guerra Oculta, realizado por el Canal 6 de Julio:

A continuación un par de notas donde se relatan los hechos, se mencionan las consecuencias y a los responsables:

De la corresponsalía, Chihuahua, Chih., 22 de mayo ¤ Por lo menos 20 indígenas heridos, 11 hospitalizados y 50 detenidos fue el resultado de un desalojo violento efectuado hoy por agentes de las policías Judicial del Estado, Antimotines y municipales, en contra de 100 campesinos indígenas del ejido Monterde, situado en los municipios de Guazaparez y Urique, en la zona serrana. Niños que acompañaban a sus padres en la protesta fueron retenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Los campesinos llegaron a la capital del estado el lunes pasado; pretendían solicitar una audiencia con el gobernador Francisco Barrio, para pedirle que intercediera ante la PGR a fin de dar celeridad a una denuncia que formularon desde el 6 de enero en contra del ``cacique'' del pueblo, Antonio Alcocer, a quien acusan de fraude y despojo en contra de los ejidatarios.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo estatal, desde el miércoles por la tarde los campesinos se plantaron frente a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) exigiendo a su titular, Hernán Rivera, agilizar las investigaciones. Este día, el jefe de Gobernación del estado, José Luis Franco Carrillo, ordenó el desalojo ``porque por un momento se rompió la gobernabilidad y había que recuperarla''.

El titular del Departamento de Gobernación del estado, José Luis Franco Carrillo, señaló en rueda de prensa que ``por un momento se rompió la gobernabilidad'' y se debió actuar en consecuencia para recuperarla.

Justificó la represión del movimiento en la existencia de una ``fuerte presión ciudadana inconforme con los bloqueos de las principales avenidas de la ciudad'' y asumió la responsabilidad total de la orden dada al cuerpo antimotines.

El funcionario aseguró que el gobernador Francisco Barrio y el secretario de Gobierno, Eduardo Romero, no tuvieron conocimiento previo de la acción; sin embargo, extraoficialmente trascendió que dos horas antes del desalojo, efectuado a las 15:30 horas, hubo una reunión a puerta cerrada entre el mandatario panista y sus dos colaboradores.
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De los 36 campesinos lesionados -quienes habían sido dados de alta en el Hospital Central porque, según declaró el procurador Arturo Chávez Chávez ``sólo tenían lesiones leves''- seis tuvieron que ser hospitalizados urgentemente en una clínica privada.

Pedro Murillo Pinto, de 56 años, sufrió esguince en tres vértebras cervicales y fractura de costillas en ambos lados, según consta en la fe de lesiones presentada ayer ante el Ministerio Público.

``Me golpearon a macanazos en la cabeza, el cuello y los costados hasta que perdí el conocimiento, cuando desperté ya estaba en el hospital'', declaró ante las autoridades.

``No venimos de tan lejos -de lo más hondo de la sierra Tarahumara, entre las barrancas de Guazaparez y Urique- a que nos dieran garrotazos, nomás queríamos que nos apoyara la justicia, porque el ex administrador Antonio Alcocer nos quitó todo: la troca (camioneta) del ejido y la maquinaria del aserradero; además, se quedó con salarios que nos debía a muchos'', agregó el indígena con dificultad para hablar español.

Rodolfo Chávez Chávez, director del Ichisal (y hermano del procurador de Justicia), comunicó que tres rarámuris permanecen en la Clínica del Centro, uno de ellos con fractura de radio en el antebrazo derecho, a quien, en la tarde de ayer, se le efectuaría una cirugía. El segundo tiene un esguince cervical y el otro una costilla fracturada

El estado de salud del dirigente Saúl Carrasco, quien sufrió contusión cerebral, se complicó porque es diabético.
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A la represión le siguió la desinformación, cabe resaltar el caso de la periodista Miroslava Breach Velducea, quién fue despedida de El Diario de Chihuahua por presuntamente filtrar algunas fotos de la represión a la Jornada, vean la siguiente nota:

La Jornada 27 de mayo de 1997

FOTO CENSURADA EN LA PRENSA DE CHIHUAHUA

Nota de la Redacción ¤ La represión contra periodistas que en cumplimiento de su oficio difundieron el violento desalojo de indígenas rarámuris y tepehuanes del ejido Monterde, acontecido el pasado 22 de mayo en la ciudad de Chihuahua, alcanzó el día de ayer a la reportera Miroslava Breach Velducea, despedida de su empleo en el Diario de Chihuahua bajo la ``acusación'' de haber enviado a La Jornada fotografías sobre la agresión policiaca del gobierno que encabeza el panista Francisco Barrio Terrazas.

En la primera plana de la edición del 23 de mayo de La Jornada apareció la imagen de un tarahumara bañado en sangre y sometido a los pies de un policía, y en la página 52 otra fotografía destaca en primer plano un cartel propagandístico del Partido Acción Nacional (PAN) con el lema de campaña ``el México que todos queremos ver'' y al fondo la fila de policías antimotines listos para efectuar el desalojo de indígenas.

En una Nota de la Redacción, La Jornada aclaró posteriormente que por un error omitió mencionar que una de las fotografías mencionadas corresponde al Diario de Chihuahua donde trabaja el reportero gráfico Juan De la Torre Jr., a quien se le dio el crédito. Aun así, la reportera Breach fue despedida. ``En el fondo de todo está un hecho innegable: la gran irritación que provocó en el gobierno del estado de Chihuahua el que se publicaran imágenes del brutal desalojo de indígenas en un medio de circulación nacional como La Jornada'', comentó Miroslava Breach.

De acuerdo con testimonios de fotógrafos de prensa, reporteros y camarógrafos que cubrieron el desalojo del pasado día 22, se confirma que los agentes policiacos trataron de impedir el trabajo periodístico de los colegas chihuahuenses, quienes además sufrieron golpes por parte de elementos de la Judicial del estado. ``Después del operativo de desalojo siguió el de la desinformación'', comentaron a La Jornada los fotógrafos de la Asociación de Reporteros Gráficos de Chihuahua.

Decenas de las imágenes captadas por los reporteros gráficos de Chihuahua sobre la represión a indígenas tarahumaras y tepehuanos --``la más violenta que hiciera algún gobierno en los últimos 20 años de la historia chihuahuense'', dice el diputado Víctor Quintana-- fueron censuradas y no se permitió su publicación en los diarios locales, según dijeron a La Jornada periodistas de aquel estado.

Esta es la foto que La Jornada publicó en la portada del 23 de mayo de 1997: