MATANZA DE ACTEAL

El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 indígenas en la comunidad de Acteal, en Chiapas. Las víctimas se encontraban en el interior de una iglesia, practicando el ayuno y rezando por la paz en Chiapas. Entre las personas muertas se encontraban 16 niños y adolescentes, 20 mujeres (7 embarazadas) y 9 hombres adultos.

La matanza fue ejecutada por paramilitares mientras eran cubiertos y resguardados por policías.

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Para entender mejor el hecho, a continuación algunos antecedentes de la masacre y de las medidas de contrainsurgencia tomadas por el gobierno.

ANTECEDENTES

A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.

En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).

“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.

…

En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.

La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).

En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.

Presiones contra Las Abejas

En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).

La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.

El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.

Protesta por falta de créditos

Un día después, la sociedad cooperativa de productores de Bajxulum envió una carta al gobierno federal anunciando que en 21 comunidades de Chenalhó sus socios no votarían el 6 de julio, “y menos por el PRI”, pues los productores no habían recibido los créditos ofrecidos y presumían que “alguien cobró” por ellos millón y medio de pesos. Argumentaron “falsas promesas, engaños y mentiras” (28 de junio). Versiones posteriores indicarían que ese dinero se destinó a la compra de armas.

El EZLN anunció, a su vez, que las comunidades rebeldes no votarían en protesta por la militarización, “el ambiente de guerra promovido por el gobierno y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”. El subcomandante Marcos escribió en un comunicado: “¿Con qué cara exigirles (a las comunidades) que voten si ni siquiera viven en condiciones normales? ¿Se les puede pedir que aparenten una normalidad ciudadana un día y regresen al terror cotidiano el resto del año?” (3 de julio).

En tanto, representantes de comunidades zapatistas de Chenalhó y San Andrés (dentro del municipio autónomo Magalenas La Paz) exigieron cancelar la formación de grupos paramilitares y el retiro del Ejército federal. Indígenas de las comunidades Atzamilhó, Saclum, Xux’chen, San Pedro Cotzinam y Aldama aseguraron que priístas armados “están planeando y uniendo sus fuerzas para provocar enfrentamientos” (2 de julio).

Rebeldía y abstencionismo

La víspera de las elecciones marcharon en San Andrés 2 mil zapatistas anunciando que impedirían los comicios. Realizaron un acto contra el gobernador Julio César Ruiz Ferro “por mantener una amplia campaña de desprestigio contra el EZLN” y “distorsionar” la información para enfrentar a los pueblos (6 de julio). Los desplazados de Tila, Sabanilla y Tumbalá tampoco estaban en condiciones de sufragar.

El domingo 6 de julio, las elecciones federales en Chiapas registraron el mayor abstencionismo del país; no votó 65 por ciento y unas 600 casillas no fueron instaladas. Hubo quema o retiro de urnas en Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle y Pantelhó, y en muchos otros municipios indígenas faltaron casillas y, sobre todo, votantes. En la zona norte, Paz y Justicia “controló” las elecciones para que sólo participaran los priístas. En Yabteclum (Chenalhó) fueron expulsados los observadores de Alianza Cívica, y “sólo votaron los del PRI” (7 de julio).

Agresión inminente

Poco después, el presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, alertó sobre una posible agresión de policías y grupos paramilitares cuyo centro de operaciones era Santiago el Pinar (10 de julio). En los caminos de los Altos se veían pintas como: “Somos Máscara Roja, si nos quieres conocer nos vemos en el infierno” y “Ya no estamos engañados, estamos para salir”.

Al otro día, la policía de Seguridad Pública detuvo en Santiago el Pinar, donde había un campamento del Ejército federal, a siete priístas armados (cuatro de ellos menores de edad) con pistolas 3.80 y 38 especial, así como cartuchos para AK-47 (cuerno de chivo) y otros calibres. Los detenidos participaban en un bloqueo carretero con otras 40 personas (11 de julio). Esto confirmaba las reiteradas acusaciones de la existencia de grupos civiles armados en San Andrés y Chenalhó, pero no tuvo ningún efecto.

Ante la situación en Chiapas, el EZLN inició una estrategia hacia fuera, para llamar la atención del país y del mundo de lo que sucedía en las comunidades. Las protestas a escala local eran ignoradas. El 21 de julio se levantó un plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde unos 300 representantes de los desplazados de la zona norte habían permanecido ¡87 días! demandando inútilmente al gobernador Ruiz Ferro el cese de la violencia para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.

El EZLN anunció que del 25 de julio al 3 de agosto dos delegados suyos asistirían al segundo Encuentro Intercontinental (Intergaláctico) en cinco localidades del Estado español. En agosto, los rebeldes anunciaron una marcha de mil 111 bases zapatistas a la ciudad de México para septiembre, mientras otros dos delegados indígenas viajarían a Venecia y Roma. Estas iniciativas civiles frenarían pasajeramente la violencia paramilitar, la cual recrudecería brutalmente en la segunda mitad de septiembre. Pero aún faltaban los relámpagos de agosto.

* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a la publicación de las citas en La Jornada
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A continuación una descripción de los hechos realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC.


LOS HECHOS

El día de la Masacre

El 22 de diciembre de 1997, aproximadamente a las 10:30 horas, se encontraba parte de la comunidad de Acteal junto con los desplazados de las otras comunidades en la ermita católica orando para pedir por la paz en Chenalhó. La gran mayoría de los orantes llevaban tres días de ayuno. Los refugiados y habitantes de Acteal escucharon una gran cantidad de balazos provenientes de varias direcciones acercándose a la ermita. Según algunos testigos, un grupo numeroso de al menos 90 personas dispararon con armas de alto calibre y con balas expansivas contra los hombres, mujeres y niños desarmados. Los campesinos intentaron huir y esconderse en diversos lugares. Algunos tomaron la dirección del arroyo que atraviesa la comunidad por abajo pero encontraron otro grupo de paramilitares que avanzaba, otros huyeron rumbo a la escuela, otros más se escondieron en la maleza cercana.

Cuentan testigos:

Las balas se veían como agua. Más abajito hay un lugar para esconderse. Ahí fuimos, pero se veían como los tiros pasaban, levantaban la tierra donde pegaba. Los niños hacían mucho ruido, todos estaban llorando. Fue cuando nos escucharon y los agresores fueron donde estabamos. Fue cuando nos empezaron a disparar por parejo todos los que estabamos ahí. Nos mataron a todos. Yo me salvé porque me escondí en una barranco con mi hermanito[1].

Yo y mis compañeros estábamos en la iglesia porque ahí tenemos nuestro campamento de paz. . . . Aquí todos permanecíamos tranquilos y nunca imaginamos que algo estuvieran planeando en nuestra contra, sobre todo algo tan horrible... En la iglesia sólo nos reuníamos para discutir y hacer pequeños acuerdos de coordinación de grupo y principalmente para hacer oración y rezarle a Dios para que los problemas del municipio se resolvieran, pero alrededor de las once de la mañana de ayer, 22 de diciembre, sin saber nada, escuchamos una gran cantidad de balazos que se hacían en la parte baja dirección de la iglesia, y se movió hacia más cerca de la iglesia, y es que era una lluvia de balas espantosa [2]

Casi todos los agresores vestían de negro o de azul, a la usanza de la policía de Seguridad Pública, y llevaban paleacates rojos puestos en la cabeza. Los disparos duraron hasta aproximadamente las 6:00 de la tarde. Fueron asesinados 45 campesinos: 15 niños, 21 mujeres, y 9 hombres. Además, quedaron 25 heridos, de éstos nueve en condición grave y cinco delicados.

Según testigos, el camión de la presidencia municipal de Chenalhó, fue enviado por el presidente municipal priísta, Jacinto Arias Cruz, a recoger a parte de los agresores y trasladarlos a Acteal.[3]

Antes de que iniciara la Masacre, la mañana del 22 de diciembre, un miembro de este Centro atendió a un pequeño grupo de personas de Acteal que denunciaban las amenazas que sufrían de parte del grupo paramilitar. De hecho, ellos sabían que posiblemente los paramilitares los atacarían ese día y por ello acudieron al Centro de Derechos Humanos con urgencia a denunciar la amenaza. Se les dijo que fueran a la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas para que pidieran que se abriera una averiguación previa por amenazas y que se investigara inmediatamente. En la Subprocuraduría los funcionarios les dijeron que no había quién los atendiera pues "el fiscal encargado estaba de vacaciones", por lo que les pedían que regresaran hasta el 28 de diciembre.

De igual manera, esa misma mañana, cerca de las once del día, el abogado de este Centro de Derechos Humanos atendió una llamada proveniente de Acteal en la que el encargado de la caseta telefónica advertía que habían muchos disparos en Acteal y que temían por su vida. Asimismo, solicitó la ayuda del Centro. El abogado se comunicó inmediatamente con Fray Gonzalo Ituarte, Secretario Técnico de la CONAI y miembro del Consejo Directivo del Centro, a fin de que estuviera enterado e hiciera lo pertinente. Así Gonzalo Ituarte se comunicó con el Lic. Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado, para informarle de lo que sucedía en Acteal y solicitar su urgente intervención.

[1] Sra. Catalina Jiménez Luna en Archivo CDHFBLC
[2] Sr. Vicente Luna Ruiz. Archivo CDHFBLC
[3] Cf. CNDH Recomendación 1/98 p. 82, entre otros.
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Para tener una idea mas amplia de lo sucedido, hay que tener en cuenta las lesiones secundarias a la causante de la muerte que presentaban los cuerpos, lo cual deja ver la extrema violencia con que se llevó a cabo la matanza y que pretendía amedrentar e intimidar a los pobladores que tuvieran conocimiento posterior de la masacre.

En el Anexo I del documento Acteal: entre el Duelo y la Lucha, Págs. 69-74, se encuentra una relación de las personas muertas y las lesiones mencionadas en el párrafo anterior.

A continuación el testimonio del poeta Juan Bañuelos, quien fue enviado al día siguiente de la matanza para investigar los hechos, en ese entonces integrante de la Comisión Nacional de Intermediación:

“La impresión fue espantosa”, dijo el poeta, quien en entrevista con La Jornada comentó que “algunos de los sobrevivientes dieron su testimonio contando pormenores de cómo fueron masacradas algunas mujeres al abrir su vientre (cuatro de ellas embarazadas) y extraerles a sus nonatos, con tal saña que sintetiza una política de exterminio”.

El autor del Espejo humeante refiere uno de esos testimonios: “A las 11 de la mañana empezó la balacera, los niños empezaron a llorar, hombres y mujeres empezaron a correr y a otros los alcanzó la bala ahí mismo; un disparo le llegó por la espalda a la mamá de Micaela, de 11 años; la encontraron por el llanto de los dos niños que luego fueron asesinados.

“Micaela se salvó, porque la creyeron muerta; tenía mucho miedo y fue a esconderse a la orilla del arroyo: ahí vio cómo los paramilitares regresaron con machetes en la mano; se reían, hacían bulla, desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas, y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos: los aventaban de machete a machete. Después se fueron los tipos gritando.”

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A continuación el testimonio de algunos sobrevivientes:

En estos días [diciembre de 2006], Catarina Méndez Paciencia, a quien las balas mataron a su madre, una hermana, dos sobrinos y dos cuñados, y a ella le destrozaron los pies, piensa que "sería mejor que me muriera para dejar de estar sufriendo".

Ella, que tenía 20 años en 1997, vive en Quextic, localidad vecina de Acteal, de donde salieron los agresores aquel 22 de diciembre. "Era feliz, no tenía ninguna enfermedad, podía trabajar, cargar leña y maíz y cortar café, pero ahora no puedo hacer nada", afirma en su lengua materna.

Con los ojos llenos de lágrimas, cuenta que hasta hace dos años no podía dar ni un paso, pero con la atención médica que ha recibido, ahora puede caminar ''un poquito'', apoyada por dos muletas. Cuando tiene que salir para que la atienda el médico, sus familiares la suben en una silla y la cargan durante una hora, cerro arriba, hasta la carretera donde toma un vehículo, porque a Quextic se llega sólo caminando.

Todo el día está en su casa sentada y cuando el dolor la deja se pone a tejer, pero "el recuerdo y la tristeza por la masacre no me dejan en paz", dice. Exige al gobierno que haga justicia y sean castigados todos los responsables de los hechos, para que "nunca se repitan".

Quien hace la traducción es Juan Gómez Ruiz, también de Quextic. El tenía diez años cuando sucedió la matanza en la que murió su hermana María, con nueve meses de embarazo. "Los paramilitares iban con un pañuelo en la cara y traje oscuro, tirando balazos; la gente gritaba y lloraba; yo vi caer herida a mi madrina. A mí me ayudó a escapar mi hermano Alonso", recuerda el joven que se desempeña como secretario en la directiva de Las Abejas.

En los hechos hubieron 17 heridos, cuatro graves: Gerónimo Vázquez Pérez, a quien los balazos le mutilaron los dedos de las manos, y Efraín Gómez Pérez, que le destrozaron la mandíbula. Ambos, que al igual que Catarina viven en Quextic, tenían tres o cuatro años. Zenaida Pérez Luna quedó casi ciega porque un balazo le atravesó parte de la cabeza. Tiene 13 años y vive con sus abuelos en Acteal porque perdió a sus padres.

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A continuación un extracto del comunicado emitido por el EZLN al día siguiente de la masacre:

Tercero.- De acuerdo a transmisiones radiales del Gobierno de Chiapas (interceptadas por el EZLN), en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de seguridad pública del estado de Chiapas respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza.
Los señores Homero Tovilla Cristinani y Uriel Jarquin (Secretario y Subsecretario del Gobierno de Chiapas respectivamente), comisionaron a la policía para respaldar este crimen. El señor Julio Cesar Ruíz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del "operativo" (cuando menos desde las 12 horas del día 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora). Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el día 21 de diciembre en una reunión de paramilitares (dirigida por el Señor Jacinto Arias, presidente municipal priista) de las comunidades Los Chorros, Puebla, a la Esperanza y Quextic, todas éstas del municipio de Chenalhó.

Cuarto. La responsabilidad directa de estos hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, quienes desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentando por el Ejército Federal.
Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas.
Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento (mediante fondos de la Secretaría de Desarrollo Social) y a dar entrenamiento militar (dirigido por oficiales del ejército federal) a indígenas reclutados por el Partido Revolucionario Institucional.
Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el Gobierno Federal Mexicano diseño una estrategia paralela de diálogo simulado, consistente en llevar una negociación sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar en las zonas zapatistas.
El gobierno del Estado de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes: Norte, Selva y Altos de Chiapas.

Quinto. De esta manera unieron sus fuerzas los Gobiernos Federal y Estatal, el Partido Revolucionario Institucional y el ejército federal. Su objetivo está sintetizado por el "grito de Guerra" de los paramilitares llamados "mascara roja": "Vamos a acabar con la semilla zapatista", es decir, "vamos a acabar con las comunidades indígenas".

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FORMA DE OPERACIÓN DE LOS PARAMILITARES

Como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y con la asesoría de la abogada Digna Ochoa, presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la Procuraduría General de la Republica (PGR) acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales había perpetrado la masacre de Acteal en diciembre de 1997.

En la demanda denuncie la puesta en práctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, como el ex comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo. La demanda considera la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declaró y admitió ante la PGR “que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalho”, pero agregó una aclaración significativa: “es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que los elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer, además todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de un superior.” En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas.

Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a líderes agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”

Los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de esas masacres y actos represivos.
…
Junto con la demanda presenté documentos probatorios o de sustentación de la misma, dentro de los cuales estaba el Manual de guerra irregular, editado por la Sedena, en la que se denomina como “personal civil” a los paramilitares bajo el mando castrense, así como informes de la Sección Segunda del Ejército (Inteligencia Militar) que probaban la infiltración de ésta en grupos de la sociedad civil chiapaneca y de la diócesis de San Cristóbal. Obviamente la demanda no prosperó y la fiscalía creada para investigar a los llamados eufemísticamente por la PRG “grupos de civiles presuntamente armados” desapareció sin pena ni gloria. Ahora, Aguilar Camín y su defensor de oficio denominan a los paramilitares “grupos civiles de autodefensa”, en lo que parece ser el encubrimiento intelectual de un crimen de Estado.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57875

A continuación el documental ACTEAL, estrategia de muerte, del Canal Seis de Julio: