Durante la administración de José López Portillo, se dio el caso de la matanza del Río Tula, mientras Arturo “El Negro” Durazo estaba al frente de la Dirección General de Policía y Transito de la Ciudad de México, y su subalterno, Fernando Sahagún Vaca al frente de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.
El 14 de enero de 1981, aparecieron 12 cadáveres en la lumbrera #8 del emisor central del sistema de drenaje profundo, en San José Acoculco, Municipio de Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo, pertenecientes presuntamente a una banda de asaltabancos de origen Colombiano.
El 14 de enero de 1981, aparecieron 12 cadáveres en la lumbrera #8 del emisor central del sistema de drenaje profundo, en San José Acoculco, Municipio de Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo, pertenecientes presuntamente a una banda de asaltabancos de origen Colombiano.
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El siguiente texto, es un extracto de una nota, donde se menciona la muerte de uno de los implicados, Rodolfo Resendiz Rodríguez “El Rudy”:
Referente a los asesinatos del Río Tula, los doce cadáveres fueron hallados el 14 de enero de 1982, en la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo.
El autor intelectual de la matanza fue Francisco Sahagún Baca, brazo ejecutor del exjefe de la policía capitalina, Arturo El Negro Durazo Moreno y fue capturado por agentes federales en Sahuayo, Michoacán.
La acusación se dio a partir de la detención de los entonces policías judiciales capitalinos Arturo Sánchez Carrillo y Luis González Cruz, cuando se supo de la participación directa del grupo Jaguares, por lo que Sahagún Baca, exdirector de la DIPD, se mantuvo prófugo de la justicia desde el 15 de julio de 1984.
La pista para aclarar la matanza de colombianos, fue el tráfico de cocaína que en centros nocturnos de la capital, en el que servían como burros (distribuidores de droga) chóferes de taxi, así como algunos extranjeros.
Así se asienta en el informe que se le entregó el 29 de julio de 1984, al entonces director de la Policía Judicial Federal (PJF), Manuel Ibarra Herrera.
El informe lo firmaba nada menos que quien era entonces jefe de la Interpol en México, Miguel Aldana Ibarra, quien le otorgaría credenciales de la PJF a Rafael Caro Quintero y a otros distinguidos narcos.
En el momento de ser descubiertos los cadáveres en el Río Tula, no pudieron ser identificados de inmediato por dos causas: el avanzado estado de descomposición y las desfiguraciones corporales que le hicieron los policías, para tratar de evitar su posterior identificación.
Entre las víctimas, casi todos extranjeras, se localizó el cuerpo del taxista mexicano, Armando Magallán Pérez, quien fue identificado por su madre Estela Pérez Ortiz.
La señora declaró que su hijo "era una persona seria y dedicada a su trabajo, pero me empecé a preocupar cuando mi hijo comenzó a llegar con televisores, cámaras y otros objetos a la casa. Cuando le pregunté sobre su procedencia, me dijo que se los daban unos amigos colombianos, quienes lo habían contratado por tiempo indefinido".
Armando fue visto por última vez por su madre, el 8 de junio de 1981, pero cuatro días más tarde, cuatro agentes de la DIPD: Luis Gamboa, Roberto Carbenete Carreto, Arturo Sánchez Carrillo y Fernando Durruti, El Flaco o El lápiz, se presentaron en el domicilio de la señora Pérez Ortiz y catearon la casa del taxista desaparecido.
El cateo fue dirigido por el comandante Rodolfo Reséndiz Rodríguez, El Rudy. Esos apodos salieron a relucir con la desaparición de la DIPD, primero y segundo lugar, con la muerte de José Luis Ochoa Alonso EL Chocorrol, en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón.
Resendiz Rodríguez tenía en su contra orden de aprehensión por los asesinatos de los asaltabancos, aunque figuraba en el rol de miembros distinguidos del Grupo Muralla y más tarde de la Dirección de Inteligencia.
Sahún baca actúo con cinismo y prepotencia como era su costumbre, pues una vez que fue identificado el cadáver del taxista, habló con la madre del occiso y le pagó los funerales, costumbre que compartía con José Antonio Zorrilla Pérez, preso por la muerte de Buendía.
De los cadáveres del Río Tula, sólo ocho de los doce fueron identificados: Jesús Ledesma Martínez, Raúl García Galaviz, Artemio Morales Cardoso y Javier Antonio Infante Salazar, así como los colombianos José Hernández, Tito Rodríguez y Carlos Hernández, además del taxista Armando Magallán Pérez.
Pero transcurrieron dos años y nada pasó a pesar del escándalo. Sahagún Baca fue llamado a comparecer el 29 de marzo de 1984. El motivo, rendir testimonio sobre el robo de cinco millones de pesos de aquellos años, que cuatro exmayores de la DIPD, bajo su mando, quitaron a unos asaltabancos en agosto de 1981.
Los hampones robaron diez millones de pesos de la sucursal 62 del Banco de Comercio, en Polanco, pero los exmayores de la DIPD, José Luis Licona, Rosendo Páramo, Heriberto Nah Esparza y Carlos Bosque Zarazúa, se quedaron con cinco millones, es decir la mitad del botín.
Licona declaró "Sólo cumplí órdenes superiores", con lo que incriminaba directamente al extitular de la DIPD, pero tras de presentarse a declarar Sahún Baca salió bien librado
Nada más que con la detención en julio de 1984, de los exagentes y presuntos autores materiales de la matanza multicitada, Sánchez Carrillo y González Cruz, el juez decimoséptimo penal Roberto Villaseñor, libró 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplieron sólo 16.
Sahagún Baca encabezaba la lista, pero pudo burlar a la justicia, no así todos los miembros del grupo Jaguares y uno de ellos, Héctor Fuentes El Patas Verdes, muerto durante el proceso judicial, implicó directamente a Sahagún Baca.
Ante el agente del Ministerio Público, Eduardo Figueroa Alfonso, El Patas Verdes declaró que a finales de 1981 "escuché que Sahagún Baca le dijo a Reséndiz (El Rudy) que, por instrucciones de Arturo Durazo Moreno, debían concentrarse en la investigación de una banda de asaltabancos que estaba compuesta casi en su mayoría por colombianos".
Cumpliendo esas instrucciones fueron detenidos 20 individuos aproximadamente, quienes fueron llevados al batallón de Balbuena.
La lista de sus nombres fue destruida por instrucciones del Rudy.
Posteriormente, los colombianos detenidos fueron internados en el penal de Santa Martha Acatitla y vigilados las 24 horas. Algunos de ellos lograron su libertad a cambio de ofrecer dinero o drogas, según declaró El Patas Verdes.
El agente del Ministerio Público, Juan Miranda Collado, comisionado especial de la procuraduría capitalina en el caso del Río Tula, basado en confesiones y testimonios presentados durante el proceso a los Jaguares, pidió para algunos de los detenidos e implicados, cuarenta años de cárcel, la pena máxima corporal, incluyendo a Sahagún Baca.
Referente a los asesinatos del Río Tula, los doce cadáveres fueron hallados el 14 de enero de 1982, en la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo.
El autor intelectual de la matanza fue Francisco Sahagún Baca, brazo ejecutor del exjefe de la policía capitalina, Arturo El Negro Durazo Moreno y fue capturado por agentes federales en Sahuayo, Michoacán.
La acusación se dio a partir de la detención de los entonces policías judiciales capitalinos Arturo Sánchez Carrillo y Luis González Cruz, cuando se supo de la participación directa del grupo Jaguares, por lo que Sahagún Baca, exdirector de la DIPD, se mantuvo prófugo de la justicia desde el 15 de julio de 1984.
La pista para aclarar la matanza de colombianos, fue el tráfico de cocaína que en centros nocturnos de la capital, en el que servían como burros (distribuidores de droga) chóferes de taxi, así como algunos extranjeros.
Así se asienta en el informe que se le entregó el 29 de julio de 1984, al entonces director de la Policía Judicial Federal (PJF), Manuel Ibarra Herrera.
El informe lo firmaba nada menos que quien era entonces jefe de la Interpol en México, Miguel Aldana Ibarra, quien le otorgaría credenciales de la PJF a Rafael Caro Quintero y a otros distinguidos narcos.
En el momento de ser descubiertos los cadáveres en el Río Tula, no pudieron ser identificados de inmediato por dos causas: el avanzado estado de descomposición y las desfiguraciones corporales que le hicieron los policías, para tratar de evitar su posterior identificación.
Entre las víctimas, casi todos extranjeras, se localizó el cuerpo del taxista mexicano, Armando Magallán Pérez, quien fue identificado por su madre Estela Pérez Ortiz.
La señora declaró que su hijo "era una persona seria y dedicada a su trabajo, pero me empecé a preocupar cuando mi hijo comenzó a llegar con televisores, cámaras y otros objetos a la casa. Cuando le pregunté sobre su procedencia, me dijo que se los daban unos amigos colombianos, quienes lo habían contratado por tiempo indefinido".
Armando fue visto por última vez por su madre, el 8 de junio de 1981, pero cuatro días más tarde, cuatro agentes de la DIPD: Luis Gamboa, Roberto Carbenete Carreto, Arturo Sánchez Carrillo y Fernando Durruti, El Flaco o El lápiz, se presentaron en el domicilio de la señora Pérez Ortiz y catearon la casa del taxista desaparecido.
El cateo fue dirigido por el comandante Rodolfo Reséndiz Rodríguez, El Rudy. Esos apodos salieron a relucir con la desaparición de la DIPD, primero y segundo lugar, con la muerte de José Luis Ochoa Alonso EL Chocorrol, en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón.
Resendiz Rodríguez tenía en su contra orden de aprehensión por los asesinatos de los asaltabancos, aunque figuraba en el rol de miembros distinguidos del Grupo Muralla y más tarde de la Dirección de Inteligencia.
Sahún baca actúo con cinismo y prepotencia como era su costumbre, pues una vez que fue identificado el cadáver del taxista, habló con la madre del occiso y le pagó los funerales, costumbre que compartía con José Antonio Zorrilla Pérez, preso por la muerte de Buendía.
De los cadáveres del Río Tula, sólo ocho de los doce fueron identificados: Jesús Ledesma Martínez, Raúl García Galaviz, Artemio Morales Cardoso y Javier Antonio Infante Salazar, así como los colombianos José Hernández, Tito Rodríguez y Carlos Hernández, además del taxista Armando Magallán Pérez.
Pero transcurrieron dos años y nada pasó a pesar del escándalo. Sahagún Baca fue llamado a comparecer el 29 de marzo de 1984. El motivo, rendir testimonio sobre el robo de cinco millones de pesos de aquellos años, que cuatro exmayores de la DIPD, bajo su mando, quitaron a unos asaltabancos en agosto de 1981.
Los hampones robaron diez millones de pesos de la sucursal 62 del Banco de Comercio, en Polanco, pero los exmayores de la DIPD, José Luis Licona, Rosendo Páramo, Heriberto Nah Esparza y Carlos Bosque Zarazúa, se quedaron con cinco millones, es decir la mitad del botín.
Licona declaró "Sólo cumplí órdenes superiores", con lo que incriminaba directamente al extitular de la DIPD, pero tras de presentarse a declarar Sahún Baca salió bien librado
Nada más que con la detención en julio de 1984, de los exagentes y presuntos autores materiales de la matanza multicitada, Sánchez Carrillo y González Cruz, el juez decimoséptimo penal Roberto Villaseñor, libró 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplieron sólo 16.
Sahagún Baca encabezaba la lista, pero pudo burlar a la justicia, no así todos los miembros del grupo Jaguares y uno de ellos, Héctor Fuentes El Patas Verdes, muerto durante el proceso judicial, implicó directamente a Sahagún Baca.
Ante el agente del Ministerio Público, Eduardo Figueroa Alfonso, El Patas Verdes declaró que a finales de 1981 "escuché que Sahagún Baca le dijo a Reséndiz (El Rudy) que, por instrucciones de Arturo Durazo Moreno, debían concentrarse en la investigación de una banda de asaltabancos que estaba compuesta casi en su mayoría por colombianos".
Cumpliendo esas instrucciones fueron detenidos 20 individuos aproximadamente, quienes fueron llevados al batallón de Balbuena.
La lista de sus nombres fue destruida por instrucciones del Rudy.
Posteriormente, los colombianos detenidos fueron internados en el penal de Santa Martha Acatitla y vigilados las 24 horas. Algunos de ellos lograron su libertad a cambio de ofrecer dinero o drogas, según declaró El Patas Verdes.
El agente del Ministerio Público, Juan Miranda Collado, comisionado especial de la procuraduría capitalina en el caso del Río Tula, basado en confesiones y testimonios presentados durante el proceso a los Jaguares, pidió para algunos de los detenidos e implicados, cuarenta años de cárcel, la pena máxima corporal, incluyendo a Sahagún Baca.
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